SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana.
- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), consideró
desacertada la convocatoria que hace, a todo el magisterio nacional, la
Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para realizar una movilización este
jueves.
La ADP señaló la
inconformidad con el concurso de oposición docente, en razón de la alteración
que esto produciría en el curso normal de la semana de inicio de este nuevo año
escolar 2019-2020, entre los motivos para la manifestación.
“Sin dudas este llamado a
manifestación genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la
sociedad pues alude a la interrupción del discurrir escolar proyectado sin que
se hayan siquiera incorporado, adecuadamente, los actores educativos y
estudiantes a los centros educativos”, indicó la entidad a través de un
comunicado firmado por su vicepresidente, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Si bien FINJUS dijo
reconocer la legitimidad de las reivindicaciones que pudieran realizar los
educadores, a través de sus organizaciones gremiales, sostuvo que debe primar
la prestación óptima del servicio de educación; y exhortó a la ADP a priorizar
otros mecanismos y vías de acción o negociación que no interrumpan el
funcionamiento ordinario del servicio educativo.
Indicó que el mayor
perjuicio lo estarían soportando los estudiantes quienes se ven envueltos de
manera indirecta en calidad de recurso o medio para resolver conflictos en
beneficio de otros.
“Esto, además de
contrario al contenido de dignidad humana consagrado constitucionalmente, va en
detrimento del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir
una educación de calidad que requiere del cumplimiento cabal de las horas
previstas y, consecuentemente, del diseño curricular establecido”.
Recordó que el Tribunal
Constitucional, en ocasión de conocer una revisión constitucional a una
sentencia de amparo respecto de la suspensión de la prestación del servicio de
educación —en ese caso particular se trató de una suspensión continua e
indiscriminada—, emitió una consideración interesante exponiendo el
razonamiento para calificar el derecho a la educación como servicio esencial;
al efecto dispuso que: “… a la tradicional definición de servicios esenciales,
esto es aquellos cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la
seguridad de las personas en toda o parte de la publicación–, debe adicionarse
la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio, (…), pues su
misión esencial es contribuir a la función del Estado social y democrático de
derecho que, por mandato constitucional debe propender a la obtención de los
medios que permitan a la persona perfeccionarse de forma igualitaria,
equitativa y progresiva (artículo 8)”.
Manifestó la suspensión
de las docencias, aun se produzca en un escenario puntual y no progresivo,
supone la alteración del contexto familiar respecto a su planificación en el
orden social, económico, laboral, y hasta en la seguridad alimenticia.
“Ejemplo de ello sería el
caso de los tantos padres y madres que aprovechan las horas educativas de sus
hijos para profesionalizarse o insertarse en el mercado laboral”, expuso.
Finalmente, FINJUS
destacó que la educación, en especial la pública, es un servicio esencial
indispensable en sociedades democráticas, pues “constituye una base idónea para
la concreción de la igualdad de oportunidades, favoreciendo la cohesión social
y con ello el progreso económico”.
Fuente, Acento
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