El PGR, Jean Alain Rodríguez, ordenó investigar la conducta de la
Fiscalía de San Pedro de Macorís en el caso Anibel González Ureña, esa
disposición podría aclarar algunos aspectos o situaciones que, desde el día en
que la hoy occisa puso la denuncia, llaman la atención.
Tras el primer intento
de asesinato de González Ureña por Yasmil Oscar Fernández Estévez, alias Ray,
la fiscal coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de esa demarcación,
Margarita Hernández Morales, misma persona que presentó al Tribunal Colegiado
el acuerdo al que llegó la fiscalía con el victimario para que se le impusiera
una pena de cinco años de prisión suspendidos, le dijo a Diario Libre que la
fiscalía asumía que Anibel “no estaba pasando situaciones de violencia. Ella
estaba muy ocupada en su vida profesional y con sus hijos”.
“Eso nos hace a
nosotros presumir que ella estaba inmersa en ese mundo y que no había pasado
ninguna situación porque cuando pasó una situación de agresión verbal ella fue
y lo puso en conocimiento de nosotros”, explicó la funcionaria cuando en enero
de 2018 se le cuestionó por qué la fiscalía se limitó a emitir una orden de
alejamiento el 21 de julio de 2017 y no someter inmediatamente a la justicia a
Yasmil Fernández quien acudió a la Unidad de Atención a Víctimas en el mismo
momento en que la joven abogada ponía la denuncia.
Pero el 3 de diciembre de
2017, cuando Yasmil Fernández dejó por muerta a Anibel González tras propinarle
siete estocadas frente a sus hijas, no fue la única vez que él intentó
asesinarla. Él la había agredido e intentado asesinar en otras ocasiones, en
una de ellas un hermano de la víctima tuvo que intervenir, razón por la cual su
padre se la llevó junto con las tres niñas a su casa.
Hernández Morales, no era
quien manejaba directamente el caso, era la fiscal Luz Aurora Almonte quien actuando
en nombre del Ministerio Público y el Estado dominicano le manifestó al
tribunal el 6 de febrero de este año 2019: “He sido sorprendida con un acuerdo
parcial del cual no tengo conocimiento, ni participé, ni fui informada siendo
titular del caso, ni estoy de acuerdo con los términos del mismo, por lo que
informamos que nos retiramos de estrado”.
CARGOS
Sin embargo, luego de que
Aurora Almonte se retirara de estrado, subió la titular de la unidad a
presentar el acuerdo parcial y pedirles a los jueces declarar culpable de
intento de homicidio, golpes, heridas, violencia contra la mujer e
intrafamiliar, artículos 2, 295, 309 numerales 1 y 2 del Código Penal.
A pesar de que Yasmel
Fernández, quien se suicidó luego de darle cuatro disparos a González frente a
sus tres hijas en una residencia del barrio Los Maestros de San Pedro de
Macorís, amenazaba, asechaba y hostigaba a su víctima, la fiscalía no calificó
el hecho como un intento de asesinato como lo estipulan los artículos 309
numeral 3 y 310 del Código.
EL ACUERDO
Un factor por determinar
en el caso es si la víctima desistió del proceso y por eso en la sentencia
emitida por el Tribunal Colegiado no figuran dando calidades los abogados de
Anibel González ni la constancia de que a ella se le haya cuestionado para
conocer si estaba de acuerdo o no con lo firmado entre el Ministerio Público y
el victimario.
Miguel Ureña, tío y
abogado de la occisa expresó ayer que al Ministerio Público se le había
notificado que Fernández Estévez había violado la orden de alejamiento y que la
occisa no estaba de acuerdo con el acuerdo al que había llegado la fiscalía.
“Recordamos que ella no
se constituyó en actor civil, era un proceso que se llevaba únicamente con la
partición del Ministerio Público y ella como víctima, o sea, que nosotros en
calidad de abogado no podíamos hacer ningún tipo de actitud ante la Justicia
por el hecho de que no teníamos las condiciones legales”, explicó Ureña.
“Ella no firmo el acuerdo
y realmente fue un acuerdo que se dice que hubo acuerdo de dinero para
materializarse el mismo. Ella estuvo llamando a la magistrada, la cual no le
tomaba la llamada”, refirió al pedir a las autoridades indagar y determinar
quién fue el responsable del acuerdo.
Contrario a lo dicho por
el tío de la occisa, el procurador Jean Rodríguez explicó que la víctima llegó
a un acuerdo con su expareja pero que eso no debió ser aceptado por la
fiscalía.
“Es evidente que la
fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de
legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente, aun haya sido
propuesto por la víctima hoy asesinada”, dijo.
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