Santo Domingo. - La orden
de otorgamiento de la fuerza pública contra un inmueble del pelotero de Grandes
Ligas, José Bernabé Reyes Toribio, fue emitida por el Ministerio Público de
Santiago de los Caballeros en contraposición al procedimiento judicial y
usurpando las funciones de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del
Juzgado de Primera Instancia de esta jurisdicción, que no ha emitido ningún
fallo condenatorio, lo que pone de relieve una mafia existente en esta
localidad.
Este miércoles, el Ministerio Público de la ciudad de Santiago
de los Caballeros emitió la orden de fuerza pública contra Reyes Toribio,
alegando incumplimiento de pago de cuotas atrasadas de mantenimiento sobre un
caso que está judicializado, y del cual han sido saldados todos los compromisos
relativos a mantenimiento de condominio, tal y como certifica el volante de
pago recibido por la administración de la Torre DO de esta ciudad, el 12 de
marzo de este año, lo que evidencia que a pesar de estar en espera de la
decisión de los tribunales, tampoco existe la deuda por este apartamento.
En ese sentido, José
Reyes “La Melaza” hace un llamado al presidente de la República Danilo Medina,
al presidente de la Suprema Corte de Justicia Henry Molina y al procurador general
de la República Jean Alain Rodríguez para que que ordenen una profunda
investigación de una estructura mafiosa que opera en conturvenio con el
Ministerio Público de la provincia de Santiago.
Los abogados del
beisbolista Reyes Toribio, Delvis Valdez y Joaquín Benezario afirman que su
representado no tiene deuda con la Torre DO donde posee un inmueble como
propiedad, y que este comportamiento del Ministerio Público responde a una
mafia estructurada existente en Santiago, que se utiliza para presionar desde
las instancias con poder público con el objetivo de arrinconar a los ciudadanos
honestos.
Los juristas expresaron
que efectivamente existe una Demanda en Nulidad, sometida por la parte
demandante del deportista a la espera de fallo de la Segunda Sala Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Santiago,
con el expediente marcado con el número 366-2018-ECIV-00421, que quedó en
estado de fallo el 13 de marzo de año 2019, y sobre el cual el tribunal
apoderado, hasta la fecha, no ha emitido ninguna sentencia.
“Nuestro defendido es un
destacado jugador de Grandes Ligas que invierte sus recursos en nuestro país en
diversos sectores de la economía nacional, y ante el atropello de que es objeto
manifiesta su queja ante la inseguridad jurídica que prevalece en la República
Dominicana”, expresaron Valdez y Benezario.
Fuente, ElCaribe
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