En la Segunda Sala de
la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional está
fijada una audiencia, a partir de la
nueve de la mañana de este miércoles, para conocer un recurso de
amparo en busca de que sea
devuelto un yate incautado durante las investigaciones del caso
Odebrecht y que el Ministerio Público le atribuye a Víctor Díaz Rúa.
El yate “La Balbie”, se encuentra inmovilizado desde el año 2017
en virtud de una orden judicial obtenida por el Ministerio Público a raíz de la
investigación del expediente de corrupción de la empresa brasileña.
A través del yerno de
Rúa, Leonardo Font-Bernard y la compañía de carpeta que éste representa,
Nutberry Limited, que aparece como propietaria de la embarcación, se depositó
un recurso de amparo “de extrema urgencia” ante la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional en procura de la entrega de la
embarcación.
De acuerdo con el
recurso presentado, la sociedad que aparece como propietaria del bien, Nutberry
Limited, no fue encausada en el proceso contra Odebrecht, por lo que no hay
razones para que el yate continúe incautado.
Sin embargo, el
Ministerio Público dice que la embarcación es del ex ministro de Obras Públicas
y que en la acusación presentada el año pasado y que envió a juicio de fondo a
Díaz Rúa, se incluyen numerosas pruebas que evidencian que Nutberry
Limited “era tan solo una fachada para
lavar el dinero de los sobornos y ocultar al verdadero dueño de la embarcación”
Dice que entre los
documentos aportados, y admitidos por el juez para el juicio de fondo, se
encuentran varias comunicaciones dirigidas a la Marina de Casa de Campo donde
se declara a Díaz Rúa como propietario del yate “La Balbie”.
El Ministerio Público
también alega que aportó comprobantes de
pago realizados por el mismo Díaz Rúa para saldar los gastos de mantenimiento de
la embarcación.
“Con todas estas
pruebas que evidencian la vinculación directa de Díaz Rúa con el yate, estos
intentos por recuperar la embarcación resultan preocupantes, ya que hablamos de
un imputado con varias medidas de coerción, incluyendo un impedimento de
salida”, alega el Ministerio Publico en un documento.
Bajo estas
circunstancias, entregar un medio de transporte marítimo a una supuesta
compañía cuando es evidente quién es el
verdadero propietario de la embarcación, resultaría incongruente con el
objetivo de garantizar justicia final en el caso Odebrecht, agrega.
Fuente, ListinDiario
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